Hace 4 años la Red LGBTI presentó a principios del mes de junio ante la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional un documento solicitando una legislación que proteja y permita a las personas LGBTI, gozar de los mismos derechos que el resto de la población, solicitud que al día de hoy no ha tenido una respuesta certera ante la discriminación que sufre esta población, enfáticamente la población trans.
“El reconocimiento legal de las parejas conformadas entre personas del mismo sexo, legalizar la identidad trans, sancionar cualquier tipo de discriminación, así como tipificar los crímenes de odio conforman la agenda de necesidades prioritarias” indicó Quiteria Franco, coordinadora de Unión Afirmativa, quien mantiene activamente un papel fundamental en la sociedad civil que trabaja por la visibilidad de la igualdad de derechos para toda la comunidad LGBTI venezolana.
De acuerdo a los tratados internacionales, los Estados tienen la obligación positiva de trabajar hacia la eliminación de prácticas discriminatorias y que son inconsistentes con los derechos humanos. El primer paso hacia ese camino es el reconocimiento, y en este momento la Asamblea Nacional es la única instancia del Estado venezolano que constituye una esperanza para la comunidad trans para el logro de tales fines, mediante una Ley de Identidad de Género.
La ley no ampara a personas trans
A pesar de que Ley Orgánica de Registro Civil, publicada en gaceta oficial en 2010, establece en su artículo 146 que “toda persona podrá cambiar su nombre propio, por una sola vez (…) cuando este sea infamante, la someta al escarnio público”, en esta no se menciona ninguna posibilidad de cambio de género sexual en la documentación personal y en la actualidad ninguna persona trans ha podido cambiar su nombre.
Amnistía Internacional como parte de su trabajo por el respeto de los derechos humanos para todas las personas sin distinción, también ha solicitado en varias oportunidades la discusión en plenaria de una Ley que reconozca la identidad de género y permita el cambio de nombre y sexo legal, debido a que las personas trans son discriminadas diariamente, sobre todo en la actualidad con lo que tiene que ver expresamente al acceso de alimentos, medicinas, salud, justicia, libre tránsito (alcabalas y aeropuertos), educación y trabajo por tener un documento de identidad que no las representa. En el año 2016, Prissila Solórzano, activista de este movimiento, presentó un discurso ante la Asamblea, en el que se puede resaltar lo siguiente:
Ustedes forman parte de una generación que, ante la adversidad, puede dejar su gran huella de progresividad e inclusión en la historia, como aquellas que consiguieron el voto femenino, la abolición de la pena de muerte o el fin del trabajo forzado.
Los documentos de identificación legales que en estos tiempos otorga el Estado Venezolano, por contener apariencias en nombre e imagen diferentes a las identidades de las personas transexuales constituyen una barrera para su realización, integridad, seguridad, logro y disfrute de los derechos amparados en nuestra Constitución y una limitación de la ciudadanía.
Los actos de las autoridades en el registro público, tribunales y otras instancias que niegan a las personas transexuales el cambio de nombre como derecho a la identidad legal, tienen además múltiples impactos en:
• El derecho a la salud. Si es difícil que te atiendan en un hospital, imaginen cuánto más difícil lo es para nosotros por no estar reconocidas nuestras identidades por el estado.
• El acceso a la justicia. Los perpetradores de crímenes contra transexuales rara vez comparecen ante tribunales. La falta de reconocimiento de la identidad legal, anima a funcionarios públicos a conductas desviadas de extorción y violencia.
• El derecho al libre tránsito. Los atropellos y arbitrariedades que afectan nuestra seguridad son frecuentes en alcabalas y aeropuertos.
• El derecho al trabajo. Pocas personas trans disfrutan de acceso al empleo, igualdad de oportunidades y de remuneraciones.
• El derecho a la educación. Todas las consecuencias de la exclusión crónica y de la discriminación hacia transexuales pueden presentarse en el ámbito académico, desde la escuela a la universidad. La falta de identidad legal a transexuales afecta tanto lo profundo y social, lograr títulos como los míos que no llevan mi nombre y hasta malas vivencias como que algunos profesores, puedan tomarse la atribución de considerar que una persona transexual está inexistente porque su nombre no corresponde con su identidad.
Venezuela puede superar su atraso, ponerse a la bandera y ser un país de avanzada en el reconocimiento de derechos de las personas trans; petición que además suscribe la agenda de diversidad de la Red LGBTI de Venezuela.
Celeridad contra la discriminación
Si bien es cierto que las leyes han ido avanzando a través del tiempo y las necesidades de las poblaciones, es conocido que la celeridad de la aprobación de las misma no pueden estar supeditadas a un gobierno o una posición moral que en virtud de la realidad discrimina como consecuencia y expone a las personas trans a vivir en contantes situaciones de vulnerabilidad.
Es importante que todos los Estados continúen adoptando medidas en favor de personas trans que se fundamenten en el consentimiento libre e informado y que no contengan requisitos patologizantes como lo son permitir que las empresas tanto públicas como privadas soliciten certificados psicológicos, psiquiátricos o exámenes médicos para ejercer alguna profesión, optar por algún empleo o cursar alguna carrera universitaria.
La prevención de la discriminación debe ser incluida en las legislaciones ya que la exposición constante de la comunidad LGBTI hace que a estas personas no se les garanticen muchos de sus derechos. Resulta imperativo incluir la perspectiva de diversidad sexual en toda la atención sanitaria sin dar paso a actos discriminatorios para así lograr mejoras en la atención y el acceso a los servicios de salud por parte de las personas LGBTI garantizando de forma integral su derecho a la salud. También el mundo pone de manifiesto la exigencia de la elaboración del protocolo de atención promovido por la CIDH para la población privada de libertad sexualmente diversa.
El derecho a un trabajo digno debe ser incluido en todas las legislaciones ya que las personas trans tienen que tener acceso a un lugar donde realicen labores remuneradas tanto en empresas privadas como en los organismos para dar paso a un mayor ejercicio de sus derechos económicos y sociales. De igual forma los derechos que corresponden al ámbito educativo deben estar garantizados por los Estados quienes con gestiones y otorgamiento de becas de estudio para personas trans lograrán la igualdad plena de la población.
